¿Deben colaborar los médicos en las ejecuciones humanas?

[JBOSCO]

No se si éste es el lugar adecuado o el de temas controvertidos de moral, pero en todo caso lo coloco aquí, para compartírselos:

¿Deben colaborar los médicos en las ejecuciones humanas?.

Un interesante artículo publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine (358; 403, 2008) vuelve a plantear la legitimidad de la pena de muerte, a la vez que analiza los procedimientos
utilizados y si los médicos deben o no colaborar en ella.
Transcribimos una traducción realizada por Diario Médicos (10-I- 2008).
“Esta próxima primavera la Corte Suprema de Estados Unidos mediará en el caso de Baze contra Rees sobre la constitucionalidad que supone el empleo de las drogas que se utilizan actualmente en la aplicación de la pena de muerte por inyección letal en la mayoría de los estados norteamericanos.

La octava enmienda de la Constitución americana prohíbe este castigo y lo considera "cruel e insólito". La pregunta clave realizada ante el tribunal en el caso Baze es si el uso de tiopental sódico, bromuro de pancuromio y cloruro potásico viola o no la prohibición constitucional.

La naturaleza atroz de los crímenes cometidos por Ralph Baze y su codemandado, Thomas Bowling, no está en duda. Lo que la Corte decidirá
es si el protocolo de la actual inyección letal tiene o no un estándar constitucional adecuado en lo que a decencia humana se refiere.

La inyección letal se introdujo en Estados Unidos en 1977 como ejecución y para evitar métodos antiguos como ahorcamientos, electrocuciones o el gaseado con productos químicos, que se consideraban inhumanos. La fórmula que se utiliza normalmente fue propuesta por un patólogo forense de Oklahoma, A. Jay Chapman, y adoptada por la legislación estatal sin necesidad de pasar ningún test científico o médico.

Las drogas inyectadas se utilizan ahora en 36 de los 37 estados en los
que la pena capital es legal, han formado parte de la creciente medicalización de las ejecuciones y ha favorecido la implicación de personal médico gracias a una aparente legitimidad moral.

Desde 1977 la triple terapia de Oklahoma se ha utilizado en 900 ejecuciones aproximadamente. Varias docenas de éstas han tenido que ser detenidas debido a infiltraciones de vías intravenosas, anestesia inadecuada o por la precipitación de medicamentos cuando la solución de tiopental sódico y de bromuro de pancuromio se mezcla. Un ejemplo tristemente gráfico es el de un preso de Ohio que en 2006 levantó su cabeza varias veces durante su ejecución y dijo: "Esto no funciona". El uso de un bloqueador neuromuscular, el bromuro de pancuromio, como parte del protocolo, ha creado especial controversia porque no tiene propiedades anestésicas y sólo consigue paralizar a la persona, algo que puede enmascarar una anestesia inadecuada si no se administra la dosis adecuada de tiopental sódico. La persona puede estar alerta y ser consciente, pero a su vez puede asfixiarse debido a la parálisis de los músculos respiratorios. De todas formas, no habría forma de averiguarlo. Además, también hay que explicar que la administración intravenosa de cloruro potásico causaría un dolor insoportable en una persona consciente pero estaría oculto precisamente por la parálisis.

Como consecuencia de las ejecuciones inadecuadas, la asistencia de
médicos y otros asistentes profesionales se ha incrementado, así como la
colocación de vías intravenosas, diferentes compuestos farmacológicos y
sistemas de administración de dichas drogas, además, por supuesto, de la
monitorización de los resultados. Este hecho no se conoce tanto porque los médicos, a menudo, deciden permanecer en el anonimato.

Hoy en día algunos médicos y sociedades médicas, incluida la Asociación Médica Americana y la Sociedad de Anestesiología, han tomado medidas serias contra la participación de los profesionales médicos en la pena capital. Aunque algunos estados han prohibido los consejos médicos que reprenden la actitud de esos médicos que forman parte en las ejecuciones, varios médicos aprueban todavía la inyección letal.

El ejemplo más reciente ocurrió en respuesta a una orden de la Corte
Federal de 2006 por la cual el estado de California requirió la presencia de
personal médico cualificado para la ejecución de Michael Morales. Los
oficiales de la prisión encontraron a dos anestesistas dispuestos a participar, pero cuando les informaron con detalle del papel que jugarían durante toda la ejecución prefirieron retirarse, a tan sólo dos horas de la inyección letal prevista. Fue entonces cuando se tuvo que detener la ejecución.

Desde que se produjo el caso Morales, la oposición a las ejecuciones
ha crecido. Únicamente se han llevado a cabo 42 ejecuciones en 2007
(mientras que en 1999 se ejecutaron 98 reos). Nueva Jersey decidió abolir
la pena capital en diciembre de 2007 y la Corte Suprema norteamericana
decidió atender el caso de Baze contra Rees, convirtiéndose así en la
primera ocasión que la corte examina la constitucionalidad de la inyección
letal en una ejecución.

Sin embargo, la inquietud de la gente sobre la pena de muerte no es
nueva. En su informe de 1972 sobre el caso de Furman contra Georgia, en
el que la Corte Suprema reguló la pena capital por ser cruel e insólita y por deberse a aplicaciones arbitrarias y caprichosas, el juez William Brennan escribió: "La disminución progresiva, y la rara corriente de la imposición de la muerte demuestran serias dudas sobre lo apropiado de utilizar este castigo en nuestra sociedad actual". Aunque el caso Furman se revisó en 1976, en el caso de Gragg contra Georgia y al respecto de las ejecuciones que continuaban en otros estados, la Corte reguló la inconstitucionalidad de ejecutar a retrasados mentales y a jóvenes menores de edad. En ambos casos, el juez Anthony Kennedy, encargado del voto oscilante, consiguió la mayoría y se encargó de escribir la defensa de Roper.

Si la opinión de la Corte sobre el caso Baze se decide por una mayoría de 5 a 4, el juez Kennedy puede estar en el centro y su voto podría volver a ser decisivo. Somos conscientes de que, a pesar de su decisión, la Corte puede imponer su criterio, algo que hará girar de nuevo la posición de la profesión médica a la hora de legitimar una forma de inyección letal que, conociendo un estándar constitucional apropiado, no será considerado "castigo insólito y cruel". En teoría la inyección letal es un procedimiento simple, pero su aplicación práctica se ha topado con numerosas dificultades técnicas. Sin la participación de médicos y otros profesionales de la medicina en la preparación de anestésicos y fármacos relacionados, la inyección letal nunca conocería un estándar decente de constitucionalidad. Pero, ¿nosotros como sociedad queremos que los médicos hagan esto? Creemos que no.

Los médicos y proveedores de asistencia médica no deberían estar
implicados en la pena capital. Una profesión que se dedica a la curación de enfermos no tiene cabida en el proceso de ejecución.

El 7 de enero, en el juicio oral de Baze contra Rees, los jueces realizaron algunas preguntas importantes sobre el papel potencial que juegan los médicos y asistentes médicos en las ejecuciones. En su veredicto, los jueces no deberían aceptar que la profesión médica sea capaz de acabar con vidas humanas. Creemos que, al igual que los anestesistas en el caso Morales, todos los miembros responsables de la profesión médica, cuando asisten a una ejecución que ordena el estado, deben recordar su
juramento hipocrático y rehusar su participación en la ejecución. El futuro
del castigo capital en los Estados Unidos elevará a la justicia, pero la participación de médicos en las ejecuciones perjudicará a la profesión médica.
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